La Ley 18.216 y el Reglamento de la misma establecen que los Delegados de Libertad Vigilada (en adelante, DLV) son los funcionarios encargados de vigilar, controlar, orientar y asistir a los condenados que hubieren obtenido este beneficio, a fin de evitar su reincidencia, protegerlos y lograr su readaptación e integración a la sociedad. La habilitación para ejercer las funciones de DLV es otorgada por el Ministerio de Justicia a quienes acrediten poseer la idoneidad moral, conocimientos y destrezas específicas, mediante su participación en un Curso de Formación de Delegados, organizado anualmente por el Departamento de Tratamiento en el Medio Libre.

El perfil esperado para un DLV es el siguiente:

1. Profesional del ámbito de las Ciencias Sociales, con experiencia en trabajo comunitario, vocación por el servicio público y alta motivación de logro hacia resultados en lo social.
2. Debe poseer hábitos de estudio y un desarrollado sistema de normas y valores.
3. Debe ser responsable, perseverante, metódico y con una buena capacidad de planificación.
4. Debe tener habilidades sociales, determinación, creatividad y una elevada capacidad empática.
5. Debe ser respetuoso y tolerante, con un criterio amplio y flexible.
6. Debe poseer la capacidad para trabajar en equipo y para establecer relaciones armónicas con diversos tipos de personas.

Las nuevas promociones de DLV son rigurosamente seleccionadas como resultado de llamados a concursos públicos, y su proceso de acreditación se adapta constantemente a las necesidades de tan compleja función. Participan, además, en programas de entrenamiento y capacitación tales como: criminología aplicada, manejo en pruebas psicológicas, Psicoterapia Estratégica Breve, métodos y técnicas de entrevista e intervención comunitaria, resolución de conflictos, Tolerancia y No Discriminación, enfoque de género y técnicas de Intervención Motivacional, entre los más importantes. La composición de profesiones y los programas de entrenamiento configuran un sistema profesionalizado.

El trabajo que deben desarrollar los DLV con los penados a su cargo involucra una amplia gama de actividades, entre las que destacan:

1. La realización de un diagnóstico biopsicosocial, la elaboración de un plan de intervención y la construcción de una relación de confianza con el penado que le permita introducirse en su sistema y desde allí realizar la intervención;
2. El apoyo y seguimiento constante del caso mediante entrevistas al individuo y su familia, visitas domiciliarias y fortalecimiento de sus redes socio familiares;
3. La realización de Intervenciones Motivacionales para promover el cambio de hábitos disfuncionales, si los hubiere;
4. El desarrollo de vínculos con organizaciones comunitarias (públicas y privadas), derivación a centros asistenciales, educacionales y/o programas de capacitación para el trabajo;
5. La realización de gestiones para la omisión de antecedentes penales en el extracto de filiación, la colocación laboral, el mejoramiento de la vivienda y el acceso a programas sociales;
6. La recopilación de documentos y antecedentes en el expediente individual y el registro constante de la evolución observada en el Sistema Informático y en los diversos instrumentos designados para ese fin;
7. La participación en los Consejos Técnicos de su Centro de Reinserción Social; y
8. La emisión a Tribunales de informes de cumplimiento, quebrantamiento, solicitudes de revocación o cualquier otro informe solicitado por la autoridad correspondiente.

 

En suma, el DLV es un profesional que cuenta con herramientas técnicas necesarias  para entregar un buen servicio en el ámbito de la reinserción social,  que cree en el cambio de las personas y que está dispuesto a utilizar sus estrategias profesionales como también las redes disponibles en la comunidad para integrar lo más adecuadamente posible a los penados y sus familias en la sociedad.